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- El 66 % de la población española dispone de competencias digitales básicas
- Debemos evolucionar hacia modelos de aprendizaje multiformato y social, que fomenten el pensamiento crítico
Publicado por El Economista
España ha avanzado notablemente en la digitalización de los servicios públicos, de las empresas y de los procesos productivos. En pocos años, trámites que antes requerían presencialidad hoy se resuelven desde un móvil, una web o una aplicación. Sin embargo, este progreso convive con un desafío estructural que, como país, no podemos ignorar: una parte relevante de la ciudadanía no dispone de las competencias necesarias para desenvolverse con autonomía en esta nueva realidad digital.
Según el Informe sobre el Estado de la Década Digital 2025 de la Comisión Europea, el 66 % de la población española dispone de competencias digitales básicas, una cifra que sitúa a España por encima de la media europea. Aun así, el propio informe señala que persisten brechas significativas según la edad y el contexto socioeconómico, especialmente entre las personas mayores y determinados colectivos vulnerables. La transformación digital avanza, pero no a la misma velocidad para todos.
En este reto, la inteligencia artificial actúa como el gran ecualizador. Al aplicarla al aprendizaje, podemos ofrecer una hiperpersonalización que rompe las barreras de la brecha digital: la tecnología ya es capaz de entender el nivel de partida de un usuario y recomendarle el contenido y el formato que mejor se adapten a su capacidad, evitando la frustración y garantizando que nadie se quede fuera por falta de competencias previas.
Este contexto ha ampliado el significado de la formación continua. Durante años, el aprendizaje permanente se ha vinculado casi exclusivamente al ámbito empresarial y a la empleabilidad. Hoy, esa visión resulta claramente insuficiente. Aprender ya no es solo una exigencia del mercado laboral, sino también una condición para participar plenamente en la vida social y administrativa. Desde solicitar una cita médica hasta operar con la banca digital, entender una notificación electrónica o interactuar con los servicios públicos, las competencias digitales básicas se han convertido en una nueva forma de alfabetización.
Los datos muestran con claridad esta realidad. De acuerdo con la Digital Skills and Jobs Platform de la Unión Europea, más del 83 % de los jóvenes españoles de entre 16 y 24 años cuenta con competencias digitales básicas, mientras que este porcentaje desciende hasta alrededor del 33 % entre la población de 65 a 74 años. Esta brecha generacional, que no es solo tecnológica, importa a nivel social y tiene implicaciones directas en la autonomía y la inclusión de una parte relevante de la población.
Conscientes de este desafío, sí vemos cómo las administraciones públicas españolas han situado el aprendizaje permanente y la capacitación digital en el centro de sus políticas poco a poco. La necesidad de seguir formándose también es percibida por la población activa. Según datos oficiales publicados en el informe «Indicadores de uso de inteligencia artificial en España 2024» (Edición 2025), del ONTSI (Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad), el 78 % de los trabajadores en España considera que su empresa debería ofrecer formación en tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial.
Unos datos que reflejan que la demanda de aprendizaje responde a políticas públicas y a una conciencia creciente, por parte de los propios ciudadanos, sobre la importancia de actualizar los conocimientos de forma continua.
Este cambio de paradigma obliga a repensar cómo se articula el acceso al conocimiento. La digitalización, por sí sola, no garantiza la inclusión. Cuando no va acompañada de una formación accesible y adaptada, puede convertirse en un nuevo factor de desigualdad. Por el contrario, cuando se apoya en modelos de aprendizaje flexibles y centrados en las personas, la tecnología se convierte en una poderosa herramienta de cohesión social.
El verdadero éxito de la digitalización no reside en que el ciudadano sepa acceder a una herramienta, sino en que desarrolle un hábito de aprendizaje constante. Para ello, debemos evolucionar hacia modelos de aprendizaje multiformato y social, que fomenten el pensamiento crítico y conviertan el acceso a la información en una experiencia motivadora y recurrente, integrando la formación en el día a día del ciudadano.
En este escenario, la colaboración entre administraciones públicas y empresas con foco social resulta clave. Las instituciones necesitan aliados capaces de ofrecer soluciones de aprendizaje escalables, personalizadas y accesibles, que permitan llegar a públicos diversos y responder a necesidades muy distintas. Las plataformas de aprendizaje digital y los proyectos orientados a democratizar el acceso al conocimiento están desempeñando un papel cada vez más relevante en este ecosistema.
El aprendizaje permanente se ha convertido en una política social y económica. Una ciudadanía formada es una ciudadanía más autónoma, más preparada para adaptarse al cambio y más capaz de participar activamente en la vida pública. En un país como España, con una población cada vez más diversa y envejecida, apostar por la formación a lo largo de toda la vida es una inversión estratégica en la cohesión y la competitividad.
Las administraciones públicas tienen ante sí la oportunidad de liderar esta transformación. No basta con adquirir contenido; el objetivo debe ser dotar a la sociedad de soluciones de aprendizaje inteligentes y escalables que permitan medir el impacto real en la empleabilidad y el bienestar ciudadano, transformando regiones enteras mediante la democratización del conocimiento de máxima calidad.